El informe regional sobre Cómo el Estado promueve la violencia contra las mujeres: salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe reúne casos destacados de violación de derechos humanos en los que la causa subyacente que los motiva, tanto a ellos como a las miles de situaciones similares que viven mujeres y niñas de toda la región, es la discriminación estructural contra las mujeres. Esta discriminación contra las mujeres por el hecho de serlo prospera a consecuencia de los estereotipos de género arraigados en la sociedad, y alcanza sus cotas más perniciosas en el ámbito de la sexualidad y la reproducción.

El presente documento se basa en el informe de Amnistía Internacional El Estado como reproductor de la violencia contra las mujeres publicado en marzo de 2016 (Índice: AMR 01/3388/2016).

“Las mujeres y las niñas tienen derecho a decidir ser sexualmente activas o no y tener hijos o no, así como a tener acceso a información y servicios adecuados para poder ejercer estos derechos con autonomía y responsabilidad. No obstante, pese a que los Estados de la región han ratificado tratados internacionales de derechos humanos que garantizan estos derechos, en la práctica han puesto obstáculos insalvables al acceso de las mujeres a estos derechos, lo que produce violencia contra las mujeres y, en numerosas situaciones, tortura y otros malos tratos.

Cuando un Estado organiza su aparato para restringir derechos fundamentales de las mujeres, ese Estado manda un mensaje muy claro a sus funcionarios: el Estado promueve o, como mínimo, tolera la desigualdad de las mujeres, la discriminación de género y la violencia contra las mujeres.”

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