La regulación de la sexualidad y la reproducción tiene lugar en múltiples niveles. Forma parte de la obligación que tiene el Estado, en materia de derechos humanos, de proteger los derechos sexuales y reproductivos para que no sean violados por otros agentes. Por ejemplo, los Estados tienen la obligación de aprobar leyes y tomar otras medidas para impedir la violencia e investigar, juzgar y sancionar a los responsables, sean agentes públicos o privados.

En los contextos sociales, hay distintos grupos, de poder e influencia diversos, que intentan vigilar y controlar la sexualidad y la reproducción. Por ejemplo:

La familia es la forma más común de unidad social y la principal influencia en los valores, creencias y supuestos de una persona. La familia puede ser fuente de apoyo y aprendizaje y un lugar donde sentirnos a salvo, protegidos y queridos. Sin embargo, puede ser también fuente de abusos y un ámbito donde se violan los derechos humanos relacionados con la sexualidad y la reproducción. Los Estados deben garantizar que se da siempre preferencia al interés superior del menor y que la familia, los padres y los tutores no hacen nada que viole este principio en contra de ningún menor a su cuidado. Cuando la coacción y la violencia se ejercen en el seno de la familia, como ocurre con el matrimonio forzado, la violación conyugal, el incesto y la mutilación genital femenina, sus miembros jóvenes han de poder defender sus derechos. Los Estados tienen la obligación de impedir y abordar esas violaciones de derechos y garantizar que se protegen debidamente los derechos de la juventud.

La comunidad impone expectativas sobre la sexualidad y la expresión sexual y del género. Que la comunidad consienta o repruebe las violaciones de derechos sexuales y reproductivos puede tener enorme influencia en la vida de las personas que la integran. Los Estados tienen la obligación de tomar medidas apropiadas para modificar todas las actitudes y conductas sociales y culturales discriminatorias y basadas en prejuicios y eliminar toda práctica que por costumbre, tradición u otros motivos esté basada en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones de género estereotipadas.

Los empleadores no tienen derecho a tomar medidas o establecer normas o políticas que violen los derechos sexuales y reproductivos de sus empleados. Los empleadores tienen la obligación de proporcionar un entorno de trabajo en el que todas las personas puedan interactuar en condiciones de igualdad y sin sufrir discriminación, hostigamiento ni violencia. En concreto tienen la obligación de garantizar en el trabajo la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a salario y oportunidades y ausencia de acoso y agresiones sexuales.

Los centros de enseñanza tienen la obligación de proporcionar al alumnado un entorno de aprendizaje seguro y potenciador. Deben proteger a los jóvenes de la discriminación, el hostigamiento y la violencia de otros alumnos o empleados del centro e impartir una educación basada en los principios de derechos humanos, la ausencia de discriminación y la inclusión para todas las personas jóvenes.

Las instituciones religiosas pueden intentar imponer sus creencias y valores a las personas o a la comunidad hasta el punto de violar con esta presión los derechos humanos de la persona. Por ejemplo, algunas instituciones religiosas se oponen por doctrina al uso de anticonceptivos o de determinados métodos anticonceptivos. Aunque las personas tienen derecho a vivir de acuerdo con sus creencias religiosas, es responsabilidad del Estado respetar la libertad de pensamiento y de creencias incluso en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el uso de anticonceptivos.

En todos los casos, no son sólo los Estados los que tienen la responsabilidad de hacer valer los derechos sexuales y reproductivos para toda su ciudadanía. Todos –la persona, la familia, la comunidad, el centro de enseñanza, el empleador y la institución religiosa– tenemos la obligación de garantizar que la sociedad respeta los derechos humanos de las personas. El respeto de los derechos sexuales y reproductivos es esencial para la dignidad y el bienestar de todas las personas, y puede mejor la salud, las relaciones personales y la igualdad de género y el empoderamiento de la persona. Por esta razón, la tarea de hacer valer los derechos se reparte no sólo entre los Estados y las instituciones sociales, sino también con los miembros de la sociedad que pueden defender sus derechos sexuales y reproductivos y los de los demás.