En 2012, el secretario general de la ONU informó a la Comisión de Población y Desarrollo de que en la actualidad casi la mitad de la población mundial tiene entre 10 y 24 años de edad; sin embargo, la gran mayoría de los jóvenes carecen todavía de acceso a información y servicios integrales de salud sexual. Al no garantizarles los Estados los servicios, información y educación que necesitan para llevar una vida sana, muchas personas jóvenes continúan sufriendo complicaciones durante el embarazo y el parto, violencia de género y enfermedades relacionadas con el sida, e incluso muriendo por estas causas. El embarazo y el parto son la principal causa de muerte durante las últimas etapas de la adolescencia en los países en desarrollo.

Además del derecho a información y educación sobre la salud, el derecho a la salud tiene cuatro elementos principales: los centros de atención de salud tiene que ser accesibles, asequibles, aceptables y de buena calidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales explicó en 2000, en su Observación general nº 14, que desde el punto de vista de la salud reproductiva tal requisito supone:

• lo servicios han de estar situados en un lugar donde todos los miembros de la comunidad puedan acceder a ellos y ser asequibles a bajo precio o gratuitos para quienes los necesiten;
• los servicios no pueden discriminar entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ni en razón de ninguna otra condición;
• los servicios y la atención han de observar la ética médica y hacer valer el derecho a la confidencialidad, la intimidad y el respeto;
• ha de prestarlos personal bien formado y competente.

“[l]a proporción de jóvenes con acceso a información sexual y reproductiva es mínima […]. La pobreza impide también a algunas personas jóvenes solicitar esos servicios. Algunas ni siquiera saben que existen.”
(Kando Seraphine, joven activista y estudiante de Derecho de Burkina Faso)

Las personas que viven en la pobreza pueden no tener acceso a atención preventiva de la salud; además, el grado de atención que se presta en los centros públicos suele ser menor que en los centros privados, que son más caros. Además de la pobreza, puede haber otras barreras socioeconómicas que impidan el acceso a los servicios. Por ejemplo, los centros de atención de la salud suelen estar concentrados en zonas urbanas, por lo que quienes viven en comunidades rurales tienen que gastar más en transporte para acceder a los servicios.

La principal dificultad que tengo es la distancia que existe entre mi casa y la posta médica, tengo que caminar cerro arriba para ir a realizar mi atención y control de embarazo. […]. Iba caminando, pero allí no tenemos de nada, ni comida ni lugar donde preparárnosla, ni tampoco podemos quedarnos allí las que venimos de lejos.”
(Mujer indígena, Perú)

Planificación familiar

Amnistía Internacional ha determinado que, a pesar de que la ONU calcula que el acceso a métodos anticonceptivos y su uso de manera habitual podrían impedir 187 millones de embarazos no deseados, 105 millones de abortos provocados y 215.000 muertes maternas cada año, muchas mujeres y jóvenes carecen todavía de acceso a servicios de planificación familiar.

Incluso cuando se da prioridad a los servicios de planificación familiar siguen existiendo barreras que dificultan o impiden a las mujeres y las niñas el acceso a ellos, como las leyes, políticas y prácticas en virtud de las cuales para que las mujeres o las personas jóvenes accedan a servicios anticonceptivos es necesario informar o pedir el consentimiento al esposo o a los padres.

“Tras siete embarazos y cinco hijos vivos, le dije a mi esposo que quería utilizar métodos anticonceptivos, pero se negó.”
(Mujer de Burkina Faso)

La cuestión de quién tiene acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, cuándo y a qué precio sigue siendo motivo de mucha división. Para hacer valer el derecho a decidir si tener hijos, cuándo y cómo, es preciso tener acceso a servicios integrales de planificación familiar, anticoncepción y aborto sin riesgos cuando se necesiten. Las jóvenes, en particular, han de tener acceso a información, servicios y apoyo para ayudarlas a tomar decisiones informadas y autónomas sobre su vida reproductiva.

En algunos países, los servicios como el aborto sin riesgos o la atención posterior al aborto, que son motivo de gran controversia pública, son inexistentes o están restringidos, y las opciones de acceso de las mujeres a los servicios que necesitan son limitadas. En 2014, el Centro de Derechos Reproductivos publicó un mapa mundial donde aparecen 68 países que prohíben por completo el aborto o sólo lo permiten si corre peligro la vida de la mujer. La Organización Mundial de la Salud informa también de ello y señala que algunos países prohíben el aborto incluso en caso de violación. Tal prohibición restringe el derecho de las mujeres y las niñas a elegir, así como su derecho a la integridad física, y se considera incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos, incluida, en algunos casos, la Convención contra la Tortura.

Acceso a servicios de aborto sin riesgos

Los abortos practicados en condiciones de riesgo siguen siendo la tercera causa principal de muerte materna, ocasionando alrededor del 13 por ciento de las muertes de ese tipo que se producen en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la OMS calcula que, en todo el mundo, el 40 por ciento de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas o donde, aunque el aborto sea legal, no se dispone de servicios de aborto o son inaccesibles.

En Nicaragua, donde el aborto está penalizado en todos los casos, incluso de violación, y donde la mayoría de las víctimas de violencia sexual tienen menos de 17 años, las niñas de entre 10 y 14 años que se quedan embarazadas tras haber sido violadas tienen que llevar a término el embarazo o someterse a un aborto ilegal y con riesgos, expuestas a ser encarceladas si las descubren. La prohibición total del aborto afecta a varios derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la salud, a la vida y a no sufrir tortura ni otros malos tratos, y vuelve a convertir en víctimas a las sobrevivientes de violación.

“Para mí era horrible, que una niña tuviera que dar a luz a otra niña. […] Me dolía mucho pensar que mi hija [de 12 años] tuviera que pasar por esto, que algo saliera de ella tras ser violada […] y, por supuesto, el riesgo para su salud a esa edad.”
(Adriana, Nicaragua)