Las mujeres y las niñas consideran que son especialmente discriminadas y hostigadas y que sus derechos son violados cuando se trata de su sexualidad. La sexualidad femenina es tabú en muchas culturas y sociedades, y romper el silencio sobre sus deseos y sentimientos sexuales significa para muchas mujeres y niñas ser tildadas de “putas” o de “malas chicas”, condenadas al ostracismo social, y posiblemente estar en peligro de violencia. Por el contrario, a los niños y los jóvenes se les suele enseñar que sus deseos sexuales son incontrolables, que deben tener experiencia sexual y ser agresivos para ser realmente “viriles”. Estos estereotipos impiden que los jóvenes debatan abierta o libremente sobre sus motivos de preocupación en relación con sus cuerpos.

En muchos lugares del mundo, el control sobre la sexualidad de la mujer se utiliza para mantener el orden social y reforzar estructuras de poder no equitativas. Las leyes, políticas y prácticas que violan el derecho humano de las mujeres y las niñas a controlar su propio cuerpo y sexualidad les impiden participar en la sociedad en pie de igualdad con los hombres, acceder a la educación, la atención a la salud y el empleo, así como participar en política. Las violaciones de derechos cometidas por actores no estatales (individuos o grupos privados) y otros son: la mutilación genital femenina, que restringe el disfrute sexual de la mujer; los homicidios por motivos de “honor”, en los que un familiar varón mata a la mujer que se considera que ha transgredido los límites de la conducta sexual aceptable; la violación y otros actos de violencia contra lesbianas por su orientación sexual y el matrimonio forzado de mujeres y niñas.

La violencia de género y otras violaciones de los derechos humanos de mujeres y niñas son muy frecuentes y contribuyen a una cultura en la que las jóvenes no son libres para experimentar su sexualidad según sus propias elecciones, y se espera que los jóvenes demuestren su masculinidad mediante agresiones, actos de violencia y proezas sexuales sin tener para nada en cuenta su salud ni la de sus parejas. La amenaza –muy real– de violencia y la discriminación que sufren los y las jóvenes cuando se trata de tomar decisiones sobre su sexualidad y expresión de género pueden afectar a su capacidad de acceder a sus otros derechos humanos. Jóvenes que no pueden negociar el uso del preservativo con sus parejas o a quienes se les niega el acceso a servicios anticonceptivos por su edad o su género se arriesgan a un embarazo no deseado. Un embarazo no deseado puede conducir a un aborto en condiciones de riesgo o a un nacimiento prematuro, en ambos casos con peligro para la salud. También es posible que las madres jóvenes y las jóvenes embarazadas dejen de asistir a los centros escolares a una edad temprana o sean expulsadas de los centros de enseñanza, violando así su derecho a la educación y restringiendo su acceso al mercado de trabajo y el empoderamiento económico.

Matrimonios forzados

Las investigaciones de Amnistía Internacional en Burkina Faso y Sierra Leona revelan cómo el hecho de que el gobierno no haga respetar la edad legal mínima para el matrimonio suele dar lugar a casamientos de niñas de tan sólo 10 años. En estos matrimonios, es frecuente que la niña no pueda tomar en absoluto decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, no tenga acceso a educación ni a información y sufra complicaciones relacionadas con los embarazos precoces.

A muchas niñas las obligan a casarse a edad temprana y no pueden elegir sobre sus relaciones sexuales ni sobre el uso de métodos anticonceptivos, de manera que se quedan embarazadas inmediatamente o poco después de su matrimonio, cuando ellas mismas son niñas aún. En todo el mundo, cada año dan a luz más de 14 millones de adolescentes, debido principalmente a relaciones sexuales forzosas y embarazos no deseados En los países en desarrollo, las complicaciones derivadas del embarazo siguen siendo la principal causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años.