La gente joven puede encontrar dificultades especiales al intentar ejercer su derecho de acceso a servicios de salud. Como consecuencia de los tabúes sociales contrarios a la sexualidad juvenil, los proveedores de servicios de salud y los profesionales de la salud pueden adoptar actitudes negativas o moralizantes hacia los jóvenes que solicitan sus servicios. El personal de los servicios de salud puede tomar decisiones por las personas jóvenes o amenazarlas, en vez de proporcionarles un entorno donde puedan tomar por sí mismas decisiones sobre la salud, o pueden negarse a ofrecerles información completa.
Puede restringirse también el acceso a la atención de la salud por medio de requisitos de notificación y consentimiento de los padres o el cónyuge, de leyes restrictivas sobre la edad de libre consentimiento o de leyes y políticas que prevén distintos derechos para las personas dependiendo de que estén o no casadas.
En muchos Estados es necesario el consentimiento de los padres y el cónyuge para otros servicios de salud, además de los anticonceptivos, entre ellos las pruebas y el tratamiento del VIH, el aborto, e incluso la información y educación sexual. Incluso en los Estados sin leyes que prevean la notificación o el consentimiento de los padres, algunos proveedores de servicios de salud trabajan en entornos donde puede haber prácticas o políticas que hagan necesaria la notificación a los padres, lo que constituye una violación directa del derecho a la intimidad de los jóvenes.
La confidencialidad y la intimidad son esenciales para los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, pues les permiten acceder a información y servicios en un entorno protector y sin riesgos. La preocupación por la confidencialidad y la intimidad en el acceso a los servicios de salud suele ser la principal barrera social para el acceso de los jóvenes. Según la OMS, los jóvenes temen el estigma social que supone que los vean en un centro de salud sexual o planificación familiar, les preocupa que el personal de los centros de salud los juzgue o los acose por su conducta sexual y temen que los proveedores de servicios de salud compartan información confidencial con otros miembros de la comunidad, en especial con sus padres o cuidadores.
Los Estados deben garantizar información y servicios de salud a todas las personas jóvenes. Con tal fin, los Estados deben:
- Tener en cuenta la evolución de las facultades de las personas jóvenes al garantizar que se ponen a su disposición servicios adecuados con independencia de la autorización de los padres o tutores, si se hace por el interés superior del menor.
- Posibilitar que las personas jóvenes sean reconocidas por su familia y por la ley como titulares activos de derechos. Con orientación y guía apropiadas, tienen la capacidad de convertirse progresivamente en ciudadanos plenos y responsables.
- Respetar estrictamente el derecho de las personas jóvenes a la intimidad y la confidencialidad, incluso con respecto al asesoramiento y orientación sobre cuestiones de salud. Asimismo, los proveedores de atención de la salud deben recibir formación para garantizar la prestación de servicios de salud reproductiva, incluida planificación familiar, confidenciales y de fácil acceso para adolescentes a adolescentes de distintos entornos socioeconómicos.
- Garantizar que no se priva a jóvenes de ninguna información ni servicio de salud sexual y reproductiva debido a convicciones religiosas o culturales específicas del proveedor de atención de la salud.
