Se entiende por rendición de cuentas la responsabilidad del Estado de garantizar y vigilar el acceso a los derechos humanos y de velar por el derecho a interponer un recurso si se violan derechos. Tal obligación supone que quienes sufran violaciones de derechos tendrán acceso a la justicia, pero también que el Estado debe garantizar que tales violaciones no volverán a cometerse ni contra esas personas ni contra otras. Cuando las leyes, políticas y programas del Estado no se ajustan a los compromisos contraídos o tienen resultados negativos, los mecanismos de rendición de cuentas pueden permitir que se corrija el mal o el daño causados. Estos mecanismos son propios del país, y pueden consistir en una persona u organismo, como el defensor del pueblo para cuestiones de derechos humanos, la policía o una institución nacional de derechos humanos, con atribuciones para vigilar y criticar a quienes tienen la autoridad. También figuran entre ellos los tribunales, en tanto que último recurso, y algunos mecanismos regionales e internacionales.

La rendición de cuentas puede reforzar el diálogo entre los Estados y las personas y comunidades a las que prestan servicio. La rendición de cuentas permite abordar y eliminar las barreras que encuentran determinadas personas y comunidades para hacer efectivos sus derechos. Unos mecanismos efectivos de rendición de cuentas permitirán a las personas y comunidades no sólo exigir responsabilidades a los Estados, sino también vigilar si éstos son eficientes en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Una activista sostiene un cartel de la campaña de Amnistía Internacional “Escuelas Seguras”, Berlín, Alemania, noviembre de 2008. El cartel reza: “¿Quién me informará a mí del sida?”.
Una activista sostiene un cartel de la campaña de Amnistía Internacional “Escuelas Seguras”, Berlín, Alemania, noviembre de 2008. El cartel reza: “¿Quién me informará a mí del sida?”.